Resumen: La cuestión se centra en determinar si se genera la situación protegida de la prestación por cuidado de menores afectados por enfermedad grave cuando uno de los progenitores no trabaja. La demandante es madre de una menor de 9 años aquejada de diabetes mellitus tipo 1 y enfermedad celiaca, teniendo la guarda y custodia conforme a la sentencia que aprobó el convenio regulador disolviendo la pareja de hecho con el padre que trabaja a tiempo parcial desde el 8-4-16. La actora solicitó reducción de jornada para atender a su hija y el 22-2-16 reclamó la prestación económica que nos ocupa. Tiene reconocida la condición de familia monoparental por la Generalitat de Cataluña. La Sala de suplicación estimó la pretensión, pero el TS no comparte tal parecer y revoca parcialmente el fallo combatido, reconociendo la prestación a partir del 8-4-16. Se funda esta decisión en sentencia previa [TS 12-6-18, r. 1470/17] con arreglo a la cual la consecuencia de la regulación de este subsidio [art 190 LGSS, desarrollado por RD 1148/2011] es que la pérdida de su trabajo por parte del progenitor que no ejerce la patria potestad, supone la extinción de un subsidio que exige que ambos presten servicios. La construcción normativa presupone que de no trabajar uno de los progenitores, el mismo dispone del tiempo preciso para cuidar directa y personalmente al menor, siendo innecesario que el progenitor ocupado reduzca su jornada a ese mismo fin, e irrelevante que exista título de familia monoparental.
Resumen: PRIMERO.- Que por Victorio se recurre en apelación la sentencia de 30 de enero de 2019, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Bilbao, sobre denegación de autorización de residencia de familiar de ciudadano de la U.E.
Resumen: La Sala IV confirma la desestimación de la demanda de conflicto colectivo en la que se solicitaba se declare el derecho de todo el personal en plantilla al 31/12/2016 a percibir 6/4 de paga según el nivel profesional y antigüedades que ostentara a esa fecha, así como la parte proporcional de su permanencia en la empresa si fuese inferior a 1 año, tal y como viene establecido en el artículo 23 del XXIII Convenio Colectivo de Banca, con condena al abono a los trabajadores afectados de la diferencia entre el importe abonado en la nómina de abril de 2017 y los seis cuartos de paga. Se rechaza la modificación del relato fáctico ya que los documentos invocados no acreditan el hecho que la parte pretende adicionar. En cuanto al fondo del asunto, se declara, en interpretación de aquel precepto, que para tener derecho a dicha parte de paga es preciso que el Resultado de Actividad de Explotación (RAE-empresa), referido a la actividad bancaria en España, considerando su perímetro homogéneo de comparación, según el dato que conste en los informes financieros oficiales, sea superior al 30%, en comparación con el dato RAE empresa del ejercicio precedente. En el caso no consta cual es la variación interanual del RAE en España entre 2015 y 2016 ya que aparece plasmado junto con los resultados del Banco en sus sucursales del extranjero, por lo que no se han cumplido los requisitos establecidos en el art 23 del Convenio. La demandante no ha acreditado los hechos en los que apoya su demanda.
Resumen: La actora prestó servicios en una guardería, con categoría de auxiliar infantil, ocupando el puesto de cuidadora, estando en posesión del título de Enseñanza de grado medio de Formación Profesional. Conforme al pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, en el marco de un concurso público se adjudicó a otra empresa y en las condiciones constaba que la titulación del personal sería como mínimo, el exigido en el Decreto 149/2009, de 12 de mayo de la Consejería de Educación. La empresa no pudo tomar posesión de la escuela infantil porque la anterior adjudicataria. A la actora se le comunicó que tras el concurso público licitado por el Ayuntamiento pasaría a prestar servicios para la nueva adjudicataria y ésta le comunicó que no se encontraba en posesión de la titulación mínima exigida. La nueva adjudicataria se subrogó en 7 de los 10 trabajadores que prestaban servicios en la escuela infantil con anterioridad a su adjudicación, no siendo subrogadas 3 trabajadoras, entre ellas la actora, por carecer del título habilitante. La actora presentó demanda por despido que fue estimada. No se aprecia la existencia de contradicción, porque las circunstancias fácticas sobre las que se efectúa el respectivo análisis difieren sustancialmente, hasta el punto de poder entender que la solución alcanzada en uno y otro caso no es contradictoria sino que atiende a las concretas circunstancias del caso.
Resumen: La Sala 4ª confirma la sentencia de suplicación, que confirmando a su vez la de instancia, reconoció el derecho del actor al incremento del 20% en su pensión de incapacidad permanente total para su profesión habitual por enfermedad común, que le había sido reclamada por la entidad gestora por entender que no tenía derecho a su percibo como consecuencia de percibir pensión de jubilación de Suiza. Ante la cuestión de si es compatible el percibo de pensión extranjera con el complemento del 20% de pensión de incapacidad permanente total, reitera la Sala 4ª jurisprudencia anterior que se inició con la STS (Pleno) 29-06-2018 (Rec. 4102/2016), en que se determinó que conforme a lo dispuesto en la STJUE 15-03-2018, C-431/16, asunto Blanco Marqués, cuando no existe previsión específica que declare la incompatibilidad entre la percepción de una pensión de jubilación no nacional con el incremento del 20% de la incapacidad permanente total nacional, procede el reconocimiento del derecho a dicho incremento, y como la legislación española no contempla dicha incompatibilidad, hay que acoger la pretensión del demandante. Añade la Sala que no puede acogerse la pretensión de la parte de que se suspenda el RCUD hasta que se resuelva la cuestión prejudicial planteada por el Auto de 11-06-2016 del TSJ Castilla y León, por cuanto la Sala examina en la ya reiterada jurisprudencia, supuestos análogos resueltos por el TJUE.
Resumen: PRIMERO.- La Entidad bancaria demandada interpone recurso de apelaciónsolicitando la revocación de la sentencia de instancia, <desestimando la pretensión de la actora del reintegro de las cantidades que pagó en concepto de gastos notariales, registrales, y de gestoría por el otorgamiento e inscripción registral de la escritura de préstamo hipotecario objeto de esta Litis, sin hacer expresa condena en costas a ninguna de las partes"
